Medioambiente: retos y necesidades para el desarrollo sostenible del Perú.

Es evidente que en el Perú el medioambiente nunca ha sido una preocupación central de ningún gobierno; por ello no existen políticas de Estado al respecto.  A pesar de esto, la comunidad científica del país, gran parte de los profesionales del desarrollo y, muy particularmente, la sociedad civil, en el sentido amplio, han denunciado y demandado respuestas concretas a una serie de problemas ambientales que impiden el desarrollo del país y frente a los cuales nos encontramos a la cola de América Latina: gestión de desechos, tratamiento de aguas residuales, acceso al agua potable, protección efectiva de parques naturales, minería informal, entre otras. De igual manera el Perú no ha invertido prácticamente nada de su presupuesto público en investigación, tecnología y desarrollo, a pesar que la riqueza en biodiversidad y en ecosistemas en el país es de las más altas del mundo. Los lastres son enormes y la voluntad política prácticamente nula. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas y los principales desafíos que nos esperan en el corto plazo?

Empecemos por lo básico: la institucionalidad del medioambiente en el Perú es incipiente y frágil. Una buena parte de los recursos del recientemente creado (2008) Ministerio del Ambiente (MINAM) provienen de la cooperación internacional que el actual ministro ha sabido hábilmente captar, lo que no garantiza una continuidad en políticas que, muchas veces, son útiles a largo plazo y necesitan financiamientos en ese sentido. Asimismo la fragilidad institucional es evidente: los organismos que dependen del MINAM no tienen recursos suficientes, no cubren una gran parte del territorio nacional y aún persiste una gran cantidad de actividades económicas, formales e informales, que no cumplen con la normativa vigente en materia ambiental, de por sí, laxa en comparación con los estándares internacionales e, incluso, de los países en desarrollo y de la región latinoamericana. 

Sin embargo, cabe destacar algunos avances fundamentales logrados en este gobierno, como por ejemplo la gran tarea emprendida por el MINAM de crear un ordenamiento territorial  que responda a las necesidades y particularidades ambientales de cada región, siendo este esfuerzo la base para la implementación de las futuras políticas públicas en la materia. Dentro de los pasivos ambientales que hoy tenemos y que debemos subsanar con urgencia, resulta necesario priorizar los siguientes: tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y contaminación industrial, particularmente en lo referente a actividades extractivas formales e informales. 

Un tratamiento adecuado de las aguas residuales es crucial para garantizar la salud de los ciudadanos, derecho básico sin el cual no es posible construir ningún tipo de desarrollo. Es realmente lamentable la situación de millones de peruanos que no tienen acceso a la red pública de agua y saneamiento, si bien se han hecho esfuerzos en ese sentido, se debe exigir al Estado que garantice ese derecho básico para todos los ciudadanos antes de emprender obras como la del tren eléctrico de Lima con dinero del Estado peruano – me perdonarán los limeños –.

El gran problema a nivel de los gobiernos locales es que las empresas encargadas de ello son públicas y están supeditadas al rango salarial correspondiente, en este caso menor al de un alcalde provincial. Esto impide, de facto, que profesionales formados y capacitados tomen las riendas del asunto. Además, la gran mayoría de estas empresas están quebradas o con muchas deudas, por lo que no pueden invertir en mantenimiento y, muchas veces, ni siquiera en los insumos básicos para tratar el agua. Finalmente el tema de la privatización es casi inviable por la alta sensibilidad social al respecto. La solución pasaría quizás por crear un régimen especial para este sector, permitiendo nuevas escalas salariales e invirtiendo dinero en el saneamiento financiero de las mismas, acompañado de una política de sensibilización para fomentar la formalización, dado que uno de los principales problemas es el altísimo nivel de captación de agua por medio de conexiones ilegales.

En cuanto a la gestión de desechos, el Perú es uno de los países más atrasados de la región. No existe la infraestructura adecuada, y la población no tiene prácticamente ninguna consciencia ambiental, algo que debe ser inculcado desde las escuelas.  La planificación en cuanto a la gestión de desechos es deficiente hasta en la capital donde, por ejemplo, no existe ni siquiera un sistema de reciclaje a nivel metropolitano. La contaminación producida deteriora particularmente los ríos, donde van a parar toneladas de basura que destruyen la biodiversidad, afectan la agricultura y crean grandes focos infecciosos. Dado el diagnóstico y la urgente necesidad de crear infraestructura que, en el corto plazo, no podrán financiar pequeñas municipalidades de provincia – responsables de la gestión de los desechos – el Estado debe tener una política agresiva de apoyo, creación de infraestructura e innovación tecnológica para sacar el mayor provecho de esta necesidad.

Finalmente, uno de los principales problemas ambientales del país es la gestión de la contaminación producida por las actividades extractivas, tanto formales como informales. Dado que una gran parte de éstas se desarrolla en la altura, contaminan el agua de los ríos con metales pesados desde las cuencas, causando graves repercusiones en la biodiversidad, la salud y el aprovechamiento del agua río abajo. En el caso de la minería aluvial informal de la selva, se utilizan grandes dragas que destruyen el lecho de los ríos, causando daños irreversibles al ecosistema. 

En el caso de la industria formal, la solución pasa necesariamente por un fortalecimiento de las instituciones reguladoras, por revisar los estándares normativos hacia arriba e imponer sanciones drásticas al incumplimiento para así demostrar que, si bien la industria extractiva tiene una participación muy importante en la generación de recursos para el país, no tiene por ello carta blanca para destruir el ambiente. Esa sería una política muy efectiva, además, bajo un enfoque de resolución de conflictos, porque una gran parte de los conflictos sociales del país se deben a asuntos socio-ambientales particularmente derivados de la actividad extractiva. 

Con respecto a la informalidad, se deben establecer penas drásticas para los delitos que atenten contra el medioambiente, pero a su vez se debería proponer incentivos tangibles para la formalización, procurando en paralelo proteger de manera efectiva los espacios naturales en los que no se debería, bajo ningún caso, permitir la actividad minera, como bien se ha establecido en una zona en Madre de Dios recientemente.

Si bien es cierto que en el ámbito ambiental hay muchísimos temas de importancia trascendental que aquí no se han tocado como la gestión ambiental urbana, el cambio de la matriz energética o la protección y promoción de espacios naturales protegidos - temas que se abordarán próximamente –,  los tres grandes campos de acción revisados anteriormente no pueden ser descuidados por el próximo gobierno, dado que son cruciales para garantizar el pleno desarrollo de la población y para revertir la situación de explotación salvaje de una riqueza ambiental que es nuestro principal activo para el desarrollo. 

En ese sentido, un aspecto central que debe ser transversal a toda estrategia de desarrollo sostenible, es la investigación y tecnología. Es gracias al estudio de las potencialidades de la biodiversidad, al desarrollo de nuevos productos con valor agregado y a nuevas formas de utilizar los recursos de manera más eficiente que lograremos crear puestos de trabajo de vanguardia, podremos desarrollar tecnologías energéticas que necesitará el mundo y podremos dejar de depender de la tan volátil industria primaria. 

Es fundamental preguntarse qué panorama nos espera para los próximos 5 años con la actual oferta política. Desgraciadamente ninguno de los dos candidatos ha sido enérgico ni le ha dado la importancia vertebral que debería tener este tema para el desarrollo sostenible del país. Si bien en ambos planes de gobierno hay sendos capítulos destinados al tema, se teme que esto no sea más que letra muerta, ya que los resultados de este esfuerzo se ven casi siempre a mediano y a largo plazo, lo que no se ajustaría al efectismo y el populismo que hoy priman. Los candidatos prácticamente no se han pronunciado al respecto, más allá de declaraciones vagas y sin contenido. Tampoco aparecen grandes personajes que defiendan estos temas vinculados a sus campañas. 

¿Está todo perdido? ¡No! Una de las mejores bondades de la democracia es que nos permite incidir y participar desde la sociedad civil, por lo que es el derecho de los ciudadanos informados, como ya lo han venido haciendo algunos, exigir que estos temas se conviertan en políticas de Estado y que trasciendan la (escasa) voluntad política de nuestros gobernantes.