El Estado y sus reformas necesarias: ¿Hacia el cambio de modelo?

Este es mi primer blog y, por ende, también mi primer post. Mis motivaciones para escribirlo no datan de ayer, no obstante siempre pensé que tenía que madurar mis ideas políticas y sociales antes de plasmarlas en algún artículo. Sin embargo los tiempos electorales del Perú me exigen exteriorizar todo aquello en lo que creo, dado que considero que estamos frente a un momento crucial de nuestra historia. 

La motivación más profunda que tengo es mi compromiso con el desarrollo del país, con la eliminación de la pobreza, con la satisfacción de las necesidades básicas de tantos millones de peruanos y peruanas que han sido relegados sistemáticamente y que hoy viven en un profundo subdesarrollo que vuelve inviable a la Nación peruana – más adelante, quizás cuando haya pasado esta tormenta electoral, retomaré el tema de la Nación –.

Creo que lo anterior es algo básico, puesto que muchas personas que defienden una u otra vertiente política buscan lo mismo: el desarrollo del pueblo peruano. Es una noble causa. Sin embargo, en este caso, no todos los caminos conducen a Roma. Por ello siempre he sostenido que el fin de la política no debe ser el de satisfacer los deseos de la mayoría, sino el de garantizar la igualdad de oportunidades para todos. 

Esto significa concretamente garantizar servicios básicos como alimento, vivienda digna, agua, luz, comunicaciones y, por supuesto, salud y educación, dos grandes pilares que son la base de la meritocracia. Mientras no podamos dar salud y educación de calidad a los habitantes de todo el país, no podremos pretender ser una nación desarrollada. 

Ahora bien, otorgar esos servicios significa pagarlos y para eso es necesario que el Estado cuente con recursos suficientes para ese fin. Y ¿Cómo obtiene recursos el Estado? Pues a través de los impuestos que paga la ciudadanía y, principalmente, la industria y los servicios. En ese sentido la cantidad de dinero con la que cuenta un Estado para hacer frente a sus obligaciones de garantizar servicios básicos a toda la población es limitada y depende, concretamente, del nivel de las contribuciones de los actores no-públicos, es decir, el sector privado.

El Perú hoy cuenta con recursos que históricamente no había tenido, el presupuesto del Estado es, cada año, más y más elevado y eso ha abierto más y más ventanas de oportunidad para garantizar los servicios de base. Sin embargo el Estado ha demostrado ser un administrador ineficiente de esos recursos. Los ejemplos son múltiples: las entidades del Estado no ejecutan todo su presupuesto, particularmente en las regiones donde el nivel del gasto es abrumadoramente bajo; la calidad del gasto es deficiente; la corrupción corroe todos los niveles institucionales, desde el más alto hasta el funcionario medio; las empresas del Estado (por ejemplo las administradoras del recurso hídrico) son deficitarias y no pueden ejecutar proyectos por falta de presupuesto – consecuencia de un manejo deplorable –; existen prácticas clientelistas, particularmente acentuadas en lo local y otro gran etcétera que grafica crudamente cómo se maneja el país. La consecuencia es que la población no se beneficia, o en todo caso no al nivel que podría, del aumento de los recursos con los que cuenta el Estado.

Pues bien, muchos ven ahí la necesidad urgente de “cambiar de modelo”, de expresar su indignación frente a un aparato público y un “satus quo” que se confunde – deliberadamente o no – con “el sistema” o “el modelo”. Esa confusión yo la entiendo en las comunidades a 4,000 msnm donde nunca ha llegado el Estado y, de pronto, cuando llega una industria extractiva empiezan a aparecer funcionarios públicos (policías, Banco de la Nación, funcionarios del gobierno regional, etc.) y, claro, da la impresión que empresas y Estado vienen de la mano. Pero en boca de ciudadanos informados y estudiados eso parece más demagogia y oportunismo que falta de conocimiento.

¿Es necesario un cambio? ¡Claro que sí! Pero el cambio tiene que hacerse a nivel de la gestión Estatal, tiene que haber una reforma integral del Estado, los sueldos deben aumentarse para atraer a gerentes públicos con reales capacidades y debería asignarse aunque sea una fracción del presupuesto no ejecutado del año anterior de cada región a profesionales con capacidad de formular proyectos y que, de paso, transfieran capacidades a las regiones. Este esquema es sostenible en la medida en que, conforme vayan ejecutándose los presupuestos con más eficiencia, va disminuyendo la participación de estos profesionales hasta que la región en cuestión sea capaz de ejecutar, con calidad, el 100% de su presupuesto.

¿Qué pasaría con un cambio de “modelo”? Pues sencillamente las inversiones disminuirían y el Estado tendría cada vez menos recursos, imposibilitando así la garantía de los servicios básicos, principal tarea del Estado en un país como el nuestro donde aún persisten problemas de base como la desnutrición infantil y el analfabetismo, aunque, qué duda cabe, se haya avanzado considerablemente en esas metas en los últimos años. Dejo en manos de mis amigos economistas y de un gran universo de bloggers a nivel nacional e internacional explicar el por qué de esa disminución en la inversión y, por ende, en la cantidad de recursos manejados por el Estado. Sin embargo yo les voy a dar una pista: la globalización.

La globalización es un fenómeno muy positivo, que trae beneficios ingentes como lo son la rapidez de la comunicación y el engrose de sus flujos, la posibilidad de participar en debates y acciones concretas a nivel planetario desde cualquier lugar, la posibilidad de movilización de bienes, servicios y de capitales, entre tantas otras cosas. Hay quienes están en contra de la globalización porque, claro, como todo fenómeno, tiene lados buenos y lados malos, sin embargo este proceso que se inició, según Philippe Norel, con los albores del comercio, es decir con los fenicios en Occidente en el siglo III A.C. y con las civilizaciones orientales, incluso antes, en el espacio del Océano Índico,  no es algo sobre lo que podamos tomar decisiones a nivel local para detenerlo. Lo que podemos hacer es diseñar estrategias para aprovechar al máximo sus beneficios. 

 Para ello me voy a permitir hacer una analogía. Imaginemos que Pepe decide invertir sus ahorros en un carrito sanguchero. En un primer momento Pepe va a tener que elegir en qué parte de la ciudad va a instalar su carrito. Digamos que en la esquina A, Pepe puede instalar su carrito y vender sus sánguches pagando  los impuestos que corresponden a toda actividad comercial, pero que en la esquina B le quieren cobrar 10% más de impuestos. Si todas las condiciones son iguales en la ciudad (servicios, acceso, clientela, etc.) Pepe va a elegir instalarse en la esquina A por un tema de simple razonamiento económico. Para que Pepe considere siquiera instalarse en la esquina B, tendrían que ofrecerle algo adicional (mejores servicios, mejor acceso, más clientela, etc.) y ver si eso adicional que le ofrecen supera el 10% que debe pagar de más en impuestos.

Pues algo así sucede con la globalización, las empresas internacionales eligen el lugar donde instalarse y producir de acuerdo a esos estándares. Si bien es cierto que no sólo se fijan en el porcentaje de las contribuciones (les interesa la calidad de los servicios, la estabilidad política, jurídica y económica del país, el acceso a otros mercados para utilizar al país como plataforma exportadora – los TLC –, el nivel del mercado interno, etc.), sí es importante garantizar climas favorables para la inversión para atraer a estas empresas. En ese sentido se puede comparar al Perú con Latinoamerica como comparamos la esquina A con la esquina B para el carrito sanguchero, las realidades son muy similares entre los países (con la excepción de Brasil, México y, en menor medida, Argentina y Chile) y el inversionista decidirá a donde ir. Pueden revisar las cifras de Inversión Extranjera Directa en Venezuela, Ecuador o Bolivia y compararlas con las del Perú, Chile o Colombia y saquen sus propias conclusiones.

Además, quisiera recalcar que esa inversión no solamente se traduce en recursos para el Estado, que a su vez son invertidos en servicios básicos, sino que crean puestos de empleo y, además, son puestos de empleo formal, algo que el país necesita a gritos. Para mí ese es el segundo pilar del desarrollo: el empleo. Cuando una persona tiene una seguridad en el ingreso puede enviar a sus hijos a estudiar, puede garantizar la alimentación balanceada y el acceso a la salud para su familia, puede ahorrar para su jubilación, fomenta la producción de más bienes y servicios al ser capaz de consumirlos y, además, contribuye también al Estado con su parte impositiva.

Todo lo anterior tiene un móvil muy concreto: la Libertad. Ese tema lo retomaré y será la columna vertebral de este espacio, pero he preferido empezar por esto antes que hacer análisis históricos, filosóficos y sociológicos de la Libertad y sus implicancias en nuestra vida cotidiana.

En conclusión, es fundamental introducir cambios estructurales en las instituciones públicas del país, con el fin de garantizar una igualdad de oportunidades para todos, pero es crucial mantener los insumos que garantizan que toda política pública funcione. 

Creo, más bien, que la actual coyuntura política es una oportunidad muy grande para exigir a nuestros representantes en el Estado que hagan esos cambios estructurales y que dejen de poner en vilo al país cada 5 años, pero lo que no debemos aceptar es que venga un gobierno que nos restrinja las libertades y que nos condene al subdesarrollo por defender ideales muy nobles, pero con caminos que han demostrado ser justamente perjudiciales en ese sentido en todos los rincones del planeta.